Las autoridades confirmaron avances en la investigación por intimidaciones en establecimientos educativos y remarcaron el impacto que generaron en el sistema de emergencias y en la comunidad escolar.
En los últimos días, distintas escuelas de Mendoza fueron escenario de amenazas que alertaban sobre posibles ataques. La situación activó protocolos de seguridad, generó operativos policiales y derivó en una investigación que ya tiene personas identificadas.
La ministra de Seguridad de Mendoza, Mercedes Rus, informó que varios de los involucrados son menores inimputables y no recibirán una condena penal. “Hay sujetos identificados, pero que son inimputables, es decir, no van a tener una condena. Pero sí hay una investigación que los identifica y eso es importante”, explicó la funcionaria.
En ese sentido, remarcó que los jóvenes involucrados quedarán registrados en el proceso judicial. “Para que entiendan que esto no es una broma, que estos hechos tienen consecuencias”, advirtió.
Además, informó que hubo un mayor de edad imputado por intimidación pública, agravada por la utilización de un menor en el hecho. Si bien esa persona recuperó la libertad, continuará siendo investigada.
Rus fue contundente al referirse a la gravedad de la situación: “Ningún joven debería sentir la liviandad de escribir estas amenazas”. Y agregó: “Cada uno de estos actos es un hecho de violencia porque implica una amenaza contra la integridad física de otro”.
Uno de los datos que más preocupación generó fue la cantidad de llamados al 911: cerca de 400 en pocos días. Desde el Gobierno explicaron que esto provocó una sobrecarga en el sistema de emergencias. “Estamos hablando de un sistema al que se llama para que llegue una ambulancia o la policía en un hecho grave. Esto generó un desgaste muy importante”, señaló Rus.
A la par, se desplegó un operativo policial en escuelas de toda la provincia, con unos 800 efectivos por día entre patrullajes, consignas fijas y tareas preventivas.
La ministra adelantó que se pondrán en vigencia dos protocolos de actuación, uno destinado a la primera respuesta policial y otro orientado a la comunidad educativa. Estos lineamientos contemplan escenarios como amenazas de explosivos, conflictos escolares, presencia de agresores armados y situaciones de riesgo de suicidio.
Por su parte, el director general de Escuelas, Tadeo García Zalazar, remarcó que las amenazas deben ser consideradas delitos. Amenazas de tiroteos en escuelas de Mendoza: “Hay jóvenes identificados, pero no van a tener una condena”
Amenazar con que va a haber presencia de armas en escuelas o tiroteos es un delito”, afirmó.
El funcionario explicó que los protocolos se activaron en más de 230 establecimientos. Además, confirmó que el Ministerio presentará 19 denuncias por contravenciones. “Hay autores identificados y esto va a tener consecuencias legales, tanto dentro del sistema educativo como fuera de él”, sostuvo.
Las autoridades explicaron que los jóvenes de entre 16 y 18 años pueden ser imputados bajo el Código Penal, mientras que en otros casos se aplicarán sanciones contravencionales “Las sanciones alcanzan también a los padres, como lo establece el Código de Contravenciones”, explicó García Zalazar, y detalló que pueden incluir multas, trabajos comunitarios e incluso arresto en casos de reincidencia.
Además, desde Educación informaron que se activaron más de 700 intervenciones de equipos psicopedagógicos. “Hemos movilizado a más de 400 profesionales para asistir a estudiantes, docentes y familias que se vieron afectados por esta situación”, concluyó.